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El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Concepción y Chillán, Carlos Aldana, condenó a exagentes del Estado por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Gabriel Cortez Luna, Patricio Lautaro Weitzel Pérez y Juan Mauricio Poblete Tropa.
También se incluye en el fallo, los secuestros calificados de Ricardo Troncoso León, Gustavo Efraín Domínguez Jara, Wilson Alfredo Becerra Cifuentes, Tomás Domínguez Jara, Arturo Prat Martí, José Gregorio Retamal Velásquez, Robinson Ramírez del Prado, Leopoldo López Rivas y Mario Moreno Castro.
En el fallo el ministro en vista condenó al general (r) Patricio Jeldres a la pena de 15 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos de tres homicidios calificados; y a Arturo Manuel Alarcón Navarrete, a 10 años y un día de presidio, como autor del homicidio de Lagos Marín
En tanto, el civil Juan Antonio Sepúlveda Peña, fue sentenciados a tres años de presidio, como cómplice del secuestro de Troncoso León.
Entre los hechos que motivaron la sentencia, se encuentra la del día 18 de septiembre de 1973, ocasión en que se dio muerte al adolescente de 16 años, Gabriel Cortés Luna.
La lectura de sentencia se realizó, de manera simbólica por acto de reparaciones, en la Primera Sala del Juzgado Civil de Chillán, y ante la presencia de las agrupaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Ñuble.
El ministro Aldana, finalizada la lectura de sentencia, comentó que Jeldres pidió no ser trasladado al tribunal y escuchar la sentencia vía exhorto en su domicilio, a lo que el magistrado se negó.
En el aspecto civil, el ministro en visita condenó al fisco a pagar una indemnización total de $700.000.000 (setecientos millones de pesos) por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas, separando pagos que van entre los 120 y los 90 millones de pesos a cada uno.
Siguen desaparecidos
Teresa Retamal, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillán, dijo respecto a la sentencia del general Jeldres que “el cambio de las causas desde la Corte de Apelaciones de Chillán a la de Concepción fue clave. Lo estuvimos pidiendo por 10 años y si hoy el ministro Aldana está aquí es porque se comprometió e hizo lo que tenía que hacer”.
Respecto al resultado del proceso, añadió que “igual nos quedamos con la gran disyuntiva de saber dónde están nuestros familiares. Acá hubo condenas por casos de personas ejecutadas, los que al menos ya fueron sepultados, pero otros siguen siendo detenidos desaparecidos”.
Quien por décadas estuvo representado jurídicamente a la agrupación, fue la abogada de Derechos Humanos, Patricia Parra, quien también compareció a la audiencia.
Para la jurista, las sentencias solo se consiguieron debido al cambio de la sede del arbitraje.
“Acá estamos frente a una reparación de justicia, pero que llega muy tarde. Hoy ya no hay causas por derechos humanos que se tramiten acá en Chillán, se tramitan en Concepción. Si esas causas hubiesen permanecido acá en la Corte de Apelaciones de Chillán, estamos ciertos que hubiesen estado sobreseídas”.
El adiós del ministro Aldana
Finalizada la audiencia de comunicación de sentencia, el ministro Carlos Aldana citó a la sala a los familiares de las víctimas y a sus abogados, para explicarles en términos simples los alcances de la condena y responder a las dudas que les pudieron quedar.
“Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance”, dijo en relación a su disconformidad ante no haber conseguido información, durante la investigación, respecto al paradero de quienes siguen desaparecidos.
Los familiares, sabiendo que el juez se retira de la actividad este 23 de diciembre, le agradecieron entre lágrimas su gestión para despedirlo con un extendido aplauso.
