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En una sesión ordinaria, el Consejo Regional de Ñuble expresó de manera unánime su rechazo a los recortes presupuestarios realizados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), los cuales impactan significativamente los fondos destinados a los Gobiernos Regionales.
La medida fue catalogada como “un obstáculo para la autonomía financiera, la gestión eficiente y la ejecución de proyectos esenciales para el desarrollo de la región”.
Desde septiembre de 2024, el Gobierno Regional de Ñuble no ha recibido $34.000 millones, cifra que representa cerca del 50% de su presupuesto anual. Esto ha detenido la ejecución de 34 obras, afectando la generación de empleo, las relaciones con contratistas y proveedores, y la planificación financiera de los municipios.
El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, manifestó su profunda preocupación por la situación, señalando que esta reducción afecta directamente la calidad de vida de los habitantes.
“Estamos enfrentando una situación extremadamente compleja en todos los gobiernos regionales de Chile. Por eso hemos aprobado de forma unánime una declaración pública”, afirmó la autoridad.
Declaración y exigencias
El documento destaca, en primer lugar, que el recorte presupuestario de la Dipres compromete la autonomía financiera de los gobiernos regionales. Además, se exige que se transfieran los fondos pendientes, que en el caso de Ñuble ascienden a $34.000 millones. Este monto es crucial para pagar a contratistas, proveedores municipales, y servicios como el transporte escolar.
Crisóstomo enfatizó que “estos errores en cálculos financieros del gobierno central no pueden seguir afectando la inversión, el empleo y a los habitantes de las regiones. Los recursos aprobados por el congreso son propiedad de las regiones, y tomaremos todas las medidas legales y administrativas necesarias para proteger nuestro presupuesto”.
La declaración también urge al Gobierno a acelerar la aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento Regional, Descentralización Fiscal y Responsabilidad Regional, presentado en 2023, con el objetivo de garantizar que los recursos regionales no vuelvan a ser intervenidos.
Con este comunicado, se espera que el Gobierno Central reconsidere sus decisiones y adopte medidas que permitan retomar los proyectos detenidos, garantizando así el desarrollo de Ñuble y otras regiones afectadas. Desde el Ministerio del Interior habrían comprometido una respuesta antes de este viernes.
Reacciones en el CORE
La consejera regional, Lorena Jardua (UDI), calificó la situación como ‘inédita’ en su experiencia profesional, y llamó a la unidad de los consejos regionales para evitar que esto se repita.
“Esto afecta gravemente a muchas personas en la región y podría generar demandas por parte de las empresas debido al incumplimiento en los pagos”, advirtió.
Por su parte, el consejero Iter Stuardo (ind.-DC), sostuvo que “en mis tres años en el cargo, es la primera vez que enfrentamos algo así. Emitimos esta declaración porque estamos profundamente preocupados por las consecuencias para nuestras comunas y provincias”.
Críticas de parlamentarios
Los diputados Frank Sauerbaum y Miguel Mellado, miembros de la comisión de Hacienda de la Cámara, también manifestaron su descontento ante los errores de cálculo del gobierno, que afectan presupuestos regionales, municipales y hospitalarios.
Sauerbaum recordó que “las advertencias sobre la inviabilidad de las proyecciones presupuestarias fueron ignoradas, y que ahora el país enfrenta las consecuencias”.
Mellado, por su parte, criticó la falta de planificación y llamó al gobierno a descartar reformas tributarias que puedan agravar la crisis económica. Ambos parlamentarios solicitaron al ministro de Hacienda comparecer ante la comisión de Hacienda para explicar las proyecciones erróneas, y buscar soluciones concretas para mitigar este complejo escenario.
Ministerio de Seguridad
La disputa de los gobernadores con el nivel central no solo tiene relación con el presupuesto.
Las autoridades políticas regionales también han acusado ‘desconsideración’ en el debate en torno a la creación del Ministerio de Seguridad, en particular, en lo referido al cargo de seremi de dicha cartera, una figura que, sostienen, favorecería el centralismo.
Luego que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara ayer el informe de la comisión mixta y dejara este proyecto en condiciones de convertirse en ley, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) manifestó que “en los hechos, los delegados presidenciales son los seremis de Seguridad (…) Lo que creemos es que seguimos creando instituciones, y el crimen organizado no las crea, tiene procedimientos rápidos y expeditos para trabajar”.
