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A través de una declaración pública, organizaciones privadas y públicas de las regiones del Biobío y Ñuble, como usuarios de aguas y gremios, solicitaron a la ministra de Obras Públicas, Jéssica López Saffie, dejar sin efecto “la incomprensible e ilegal” Resolución 2320, de la DGA, de agosto de 2023, que aumentó, de 22,6 m3/s a 33 m3/s, el caudal que la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACC Zañartu) puede extraer y administrar desde el río Laja, vale decir, un incremento de 46%.
Los firmantes aseguraron que la “inconsulta” resolución de la DGA se dictó “fuera de toda base legal y administrativa”, ya que contraviene dictámenes de los tribunales de justicia y de la propia DGA, y también fue sorpresiva, dado que, por un lado, existían procedimientos judiciales pendientes de resolución, y por otro, porque el director de la DGA, Rodrigo Sanhueza Bravo, sostenía, hasta diciembre de 2022, en diversas instancias judiciales y administrativas, que la ACC Zañartu sólo podía administrar un caudal de 22,6 m3/s.
Los firmantes -entre los que se encuentran la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, los Blancos del Laja-Diguillín, Agrocanal y la Asociación de Agricultores de Ñuble-, indican que “la bocatoma del Canal Zañartu se encuentra en la parte alta del río Laja, de manera que cualquier aumento en el caudal extraído perjudica gravemente al resto de los usuarios aguas abajo, en las regiones del Biobío y Ñuble”.
Se trata de un conflicto que se viene arrastrando desde 2011, y que ya había sido zanjado por la Corte Suprema en 2021 y por la propia DGA en 2022, no solo negando las pretensiones de los canalistas del Canal Zañartu, sino que también, aplicando sanciones a dicha asociación por la extracción ilegal de aguas y ordenando la destrucción de obras de captación y conducción no autorizadas. Más aún, la DGA sostiene hasta la actualidad que solo tiene autorizado para conducir un caudal de hasta 22,6 m3/s.
En ese sentido, plantearon que la decisión “responde a presiones de carácter político (la ACC Zañartu es presidida por Patricio Sabag y es asesorada por el abogado Fuad Chaín), pues ha sido adoptada sin considerar las gravísimas consecuencias que genera para más de ocho mil pequeños y medianos agricultores de las regiones de Biobío y Ñuble, cuyo acceso al agua se ve amenazado por esta extracción adicional”.
Impactos
Entre los perjudicados se encuentran más de 3 mil pequeños y medianos agricultores usuarios del río Laja, que riegan más de 80.400 hectáreas, y las más de 5 mil familias regantes del sistema del Canal Laja-Diguillín, obra del Estado que beneficia a 44.630 hectáreas.
De igual forma, advirtieron sobre impactos ambientales y sociales alarmantes, como “la muerte inexorable y paulatina de los Saltos del Laja” y sus efectos en el comercio y el turismo, de los que dependen 6 mil personas. También lamentaron que “esta medida pone en riesgo el frágil equilibrio del lago Laja, que tantos esfuerzos ha convocado para la recuperación de sus niveles históricos; así como también representa una amenaza para los ecosistemas que dependen del río Laja, en un escenario en que el cambio climático y la menor disponibilidad hídrica claman por medidas responsables y sostenibles”.
De hecho, en octubre de 2023, se presentó una querella contra el director nacional de la DGA y otros directivos de esa entidad, por los delitos de prevaricación administrativa y delito ambiental.
Comisión investigadora
Esta denuncia fue recogida por los parlamentarios de la zona, lo que motivó la conformación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados, en septiembre pasado, con el objetivo de recabar información y establecer eventuales responsabilidades al interior de la DGA por la mencionada resolución. El trabajo de esta comisión está llegando a su término, luego de escuchar las exposiciones de los actores involucrados, y se espera conocer su informe final antes del 15 de diciembre, texto que será votado por la Sala.
