Share This Article
El 4 de diciembre pasado el Congreso aprobó la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, la cartera número 25 del país. La nueva institucionalidad tendrá a cargo el resguardo, mantención y promoción de la seguridad y el orden público. De ella dependerán las Fuerzas de Orden y Seguridad, que anteriormente dependían del Ministerio del Interior.
La normativa fue enviada en 2021 por el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera y luego la actual administración presentó indicaciones al texto que terminó siendo aprobado. La iniciativa quedó de ser revisada por el Tribunal Constitucional para su posterior promulgación por el Presidente Gabriel Boric.
El nuevo Ministerio de Seguridad Pública contará con equipos en todas las regiones del país, con dedicación exclusiva a las tareas de seguridad, con la facultad de implementar medidas específicas a cada realidad regional y la coordinación efectiva con las policías. Liderando el equipo de la región habrá un secretario regional ministerial (seremi) de Seguridad Pública, responsable de coordinar las fuerzas policiales en la zona y cumplir con las instrucciones del Ministerio en la lucha contra el delito. El Delegado Presidencial Regional, en tanto, tendrá la atribución de instruir al Seremi en el actuar ante alteraciones del orden público. Sin embargo, será el seremi el primer responsable de la estrategia en la lucha contra el crimen en la región, de acuerdo a las directrices establecidas por el Ministerio de Seguridad Pública.
Se estima que estará conformado por 120 funcionarios en el país. La nueva repartición podría estar operativa antes de la próxima cuenta pública del presidente Gabriel Boric, es decir, antes del 1 de junio de 2025.
En la Región de Ñuble hay expectación en torno al aterrizaje de la cartera en el territorio. Sin embargo, hasta ahora, solo se tiene acceso a similar información que ha circulado a nivel nacional, desconociéndose respuestas a interrogantes en torno a fechas, dotación, eliminación o permanencia de delegados presidenciales provinciales, medidas regionales contra el crimen, etc.
Desde la Delegación Presidencial de Ñuble comunicaron, en general, que el objetivo de esta nueva cartera será coordinar un nuevo Sistema de Seguridad en el cual se alineará a las distintas instituciones del Estado en torno a una Estrategia de Seguridad. Este sistema estará integrado por distintas instituciones como Carabineros, PDI, Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, ministerios sectoriales, gobiernos regionales, municipios y el Ministerio Público, entre otros.
“En regiones, el nuevo ministerio contará con equipos con dedicación exclusiva a las tareas de seguridad, con la facultad de implementar medidas específicas a cada realidad regional y la coordinación efectiva con las policías”, precisó el delegado presidencial de Ñuble, Rodrigo García.
Previo a su aprobación, la discusión parlamentaria estuvo marcada por divergencias. Si bien algunos destacaron la iniciativa como un paso adelante en el fortalecimiento de la capacidad estatal para enfrentar la crisis de seguridad, otros la criticaron, aludieron a un retroceso en la descentralización, ya que la representación regional de este ministerio será a través de seremis, quienes deberán responder a requerimientos del delegado presidencial regional. Dos autoridades designadas desde el nivel central.
Los gobernadores regionales fueron contrarios al nuevo ministerio, pidieron su reformulación, ya que manifestaron que les resta un rol sustancial en la estrategia contra el crimen. Por lo que, es importante, sostienen que se siga discutiendo el proyecto que consagra atribuciones en los gores en materia de prevención del delito y apoyo a las víctimas, el cual está congelado desde fines de 2023.
El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, manifestó su preocupación y desacuerdo con la reciente creación del Ministerio de Seguridad Pública, calificándolo como una iniciativa que carece de conexión y coordinación con las regiones. Según el gobernador, esta medida representa una oportunidad perdida por parte del Gobierno Central y el Congreso para integrar a todos los actores en la lucha contra la delincuencia, principal problema que afecta a los chilenos.
Crisóstomo advirtió que la implementación de este ministerio, lejos de resolver el problema, podría complicar aún más la gestión de la seguridad pública en las regiones al crear nuevas figuras sin atribuciones claras.
“En ese sentido, es hora de zanjar una deuda y un compromiso que se había asumido, pues los Delegados Presidenciales tendrán aún menos potestad, van a ser una figura sin responsabilidad política en un tema tan relevante como es la delincuencia, por tanto, es el minuto para que el Gobierno Central cumpla su compromiso y se termine esta figura de delegados presidenciales”, recordó.
El diputado UDI por Ñuble, Cristóbal Martínez, quien votó en contra del proyecto, expresó su descontento al considerar que este no aborda las causas profundas de la inseguridad. “No creo que la creación de nuevas reparticiones y cargos sea la solución a un conflicto mucho más grave y profundo, como es la crisis de seguridad que vive nuestro país. Esto quedó reflejado durante la tramitación del proyecto, donde parecía más importante potenciar a algunas autoridades que buscar soluciones concretas a la grave situación que enfrentamos”, apuntó.
El diputado IND-DC, por Ñuble, Felipe Camaño analizó con buenos ojos la creación de la cartera de Seguridad por ser tema prioritario en la agenda, aunque sus dudas recaen en su organización, ya que teme que la coexistencia de dos autoridades claves, Seremi y delegado, generen descoordinaciones que terminen afectando la acción policial.
“La crítica va a su organización y a quienes se están cargando de este ministerio en las regiones. Se crea un Seremi en cada región y este va a responder nacionalmente al Ministerio y regionalmente al delegado presidencial. Entonces, ahí existe confusión sobre a quiénes terminan obedeciendo las policías, si al Seremi o al delegado”, expresó.
Mirada académica
El académico de la Universidad Central y abogado, Neftalí Carabantes, valoró la creación del futuro Ministerio de Seguridad, ya que, al separar la función del combate del delito del ministerio del Interior, que ejerce otras tareas paralelas, el abordaje del delito será más eficaz y especializado en la nueva cartera.
“Todavía hay que depurar, porque van quedando figuras que pudiesen entrabar la acción directa del seremi con las policías. Diría que está figura (delegado) en materia de seguridad con la creación del ministerio, pierde relevancia y es bueno que la pierda, o sino, va ser un verdadero enredo cuáles van a ser las funciones del seremi y del delegado, en materia de seguridad, porque hoy superviven en la ley algunas atribuciones”, sostuvo Carabantes.
Desde la mirada de Jorge Araya, especialista en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), la nueva cartera es un avance. Sin embargo, advirtió que aún la descentralización en materia de seguridad sigue siendo una deuda que debiera ser abordada en una fase posterior.
“Es cierto que en lo que se ha aprobado como nuevo ministerio, no queda bien resuelto la descentralización del país. Se sigue apostando a colocar la autoridad y la conducción del tema de la seguridad en el delegado presidencial y en manos de un seremi de Seguridad. Ellos van a ser los que de verdad van a conducir los temas de seguridad y los gobernadores regionales siguen quedando en el rol actual, que es muy lateral y donde básicamente tienen como herramienta los recursos del Gore para poder participar, hacer e impulsar políticas de prevención y todo lo demás. Entonces, claramente el tema de la descentralización y el tema de un rol activo de las regiones queda un poquito postergado con esta configuración del nuevo ministerio, pero creo que hay conciencia de eso y seguramente va a ser abordado en una etapa posterior”, manifestó.
Para el docente, con la incorporación de los gobiernos regionales al sistema de protección ciudadana, con dependencia al futuro ministerio, se estaría dando señales de descentralización para los territorios.
